A través de las diversas declaraciones de Notarios en todo el país durante los últimos cinco años, hemos notado un aumento en el número de personas que acuden a las Notarías con documentación falsa para solicitar algún trámite. Entre los documentos más comunes se encuentran: la credencial de elector, el comprobante de domicilio y las escrituras.
Ahora bien ¿Qué se necesita para que un documento público o privado se considere falso y por lo tanto un delito?
Basándonos en el capítulo IV “Falsificación de Documentos Generales” del Título decimotercero, del Código Penal Federal, dicta en el artículo 244 que el delito se comete cuando:
- Colocan una firma falsa (aunque sea imaginaria) o se altera una verdadera.
- Aprovechan indebidamente una firma o rúbrica en blanco ajena.
- Alteran el contexto de un documento verdadero, después de concluido y firmado.
- Cambian la fecha o cualquiera otra circunstancia relativa al tiempo en el documento.
- Se atribuyen un nombre, investidura, calidad o circunstancia que no tenga y que sea necesaria para la validez del acto.
- Redactan un documento que cambie la disposición del otorgante, las obligaciones que se propuso a contraer o los derechos que debió adquirir.
- Añaden o alteran una cláusula o declaración.
- Se expiden testimonios supuestos de documentos que no existen.
- Se elaboran placas, gafetes, distintivos, documentos o cualquier otra identificación oficial, sin contar con la autorización de la autoridad correspondiente.
Asimismo, el delito de falsificación se castigará, tratándose de documentos públicos, con prisión de cuatro a ocho años y de doscientos a trescientos sesenta días multa. En el caso de documentos privados, con prisión de seis meses a cinco años y de ciento ochenta a trescientos sesenta días multa.
Importante: Si quien realiza la falsificación es un servidor público, la pena de que se trate, se aumentará hasta en una mitad más.
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Con información de: conceptosjuridicos.com