La inteligencia artificial ya forma parte de las operaciones de muchas empresas. Se utiliza para generar contenidos, analizar información, automatizar tareas, atender consultas y apoyar distintos procesos internos. Su incorporación puede abrir nuevas posibilidades para los negocios, pero también plantea preguntas legales que conviene atender desde el momento en que estas herramientas comienzan a utilizarse.
Uno de los primeros aspectos que debe revisarse es el manejo de la información. Algunas herramientas de inteligencia artificial procesan grandes cantidades de datos y, dependiendo de su configuración y condiciones de uso, la información introducida puede almacenarse o utilizarse de determinadas maneras. Cuando se trata de datos personales, información confidencial o documentos internos, la empresa debe conocer qué tratamiento reciben esos datos y si su uso cumple con las obligaciones legales correspondientes.
Protección de datos personales
El uso de inteligencia artificial puede involucrar información de clientes, trabajadores, proveedores y otras personas. Por ello, las empresas deben prestar atención a las disposiciones aplicables en materia de protección de datos personales, especialmente cuando utilizan información para generar perfiles, automatizar respuestas o tomar decisiones.
También es importante establecer criterios internos sobre qué información puede introducirse en una herramienta de IA. Un colaborador que copia un contrato, una base de datos o información confidencial en una plataforma sin autorización puede generar un riesgo que la empresa tendrá que atender posteriormente.
Propiedad intelectual y contenido generado con IA
La propiedad intelectual es otro punto que merece atención. Las empresas utilizan inteligencia artificial para crear textos, imágenes, presentaciones, diseños, código y otros materiales. Antes de utilizar estos contenidos con fines comerciales, conviene revisar las condiciones de la herramienta utilizada y las características del material generado.
También debe considerarse la información que sirve como insumo para generar nuevos contenidos. Introducir materiales protegidos por derechos de autor o información propiedad de terceros requiere cuidado, particularmente cuando existen restricciones contractuales sobre su uso.
Responsabilidad por decisiones automatizadas
La inteligencia artificial también puede incorporarse a procesos que tienen consecuencias para otras personas. Una empresa puede utilizarla para analizar solicitudes, clasificar información, evaluar determinados criterios o apoyar decisiones comerciales y administrativas.
En estos escenarios resulta importante establecer mecanismos de supervisión y definir quién tiene la responsabilidad sobre las decisiones finales. El hecho de utilizar una herramienta tecnológica dentro de un proceso empresarial no elimina las obligaciones que corresponden a la organización ni la necesidad de revisar los resultados que produce.
Contratos y relación con proveedores tecnológicos
Las empresas también deben revisar las condiciones bajo las cuales contratan servicios de inteligencia artificial. Los contratos pueden establecer aspectos relacionados con la propiedad de la información, confidencialidad, seguridad, tratamiento de datos, responsabilidades y limitaciones del servicio.
Conocer estas condiciones permite identificar qué sucede con la información proporcionada a una plataforma y cuáles son las obligaciones de cada parte ante una eventual incidencia.
Crear una política interna de uso de inteligencia artificial
Establecer reglas internas puede ser una medida útil para ordenar el uso de estas herramientas dentro de una empresa. Una política puede determinar qué aplicaciones están autorizadas, qué información puede compartirse, qué actividades requieren supervisión humana y qué colaboradores pueden utilizar determinadas soluciones.
La inteligencia artificial seguirá incorporándose a las actividades empresariales y, con ello, continuarán apareciendo nuevos escenarios jurídicos. Las empresas que la utilizan necesitan considerar estos aspectos como parte de su gestión cotidiana, revisar sus obligaciones y mantener actualizadas sus políticas conforme evolucionen la tecnología y la regulación.
El objetivo no es frenar el uso de estas herramientas, sino utilizarlas con criterios claros y teniendo presentes las responsabilidades legales que pueden surgir de su implementación.